En entrevista con Radio Ñandutí, Gustavo Pérez comentó que su madre se encontraba muy mal el sábado por la noche debido a las complicaciones derivadas del COVID-19.

Una de las médicas del Hospital Integrado de Ciudad del Este le confirmó en ese momento que la misma debería ser internada en terapia intensiva a raíz del agravamiento de su cuadro y su baja saturación de oxígeno en sangre.

Tras dar aviso al doctor Enrique Maldonado, éste acudió para revisar a la paciente y le dijo a su colega que supuestamente no requería de una internación en UTI ya que “estaba bien”, cosa que ella le retrucó al comentarle sobre la baja saturación.

“El tipo le mira agrandado y le dice ‘no, ella no necesita (terapia) si está bien’, pero la doctora le dice que estaba mal”, recordó Pérez durante la entrevista.

El hijo de la mujer, en su desesperación, conversó con el médico y le imploró que haga todo lo posible para conseguirle la cama de terapia intensiva, aunque sin recibir una respuesta. En ese interín, logran hablar con un amigo de la familia que se contactó con el doctor Maldonado para hacerle el mismo pedido.

Según Pérez, este pedido generó la molestia del médico, quien volvió a ir cerca de ellos para quejarse. “Este doctor se baja donde nosotros estábamos en el pasillo, mi hermana estaba cerca de él, y ahí dice nervioso ‘y quien puta le llama a este fulano para decirle que yo tengo camas disponibles, sí tengo camas pero para mi paciente”.

“Me rebusqué por todos lados para buscar terapia para mi mamá, el domingo a las 11 por ahí encontramos y cuando volvimos al IPS para que trasladen ya estaba muy mal. Mi hermano me dijo que devalde le íbamos a mover porque su saturación ya estaba en 58. Ahí oramos por mi mamá”, mencionó. Horas después, terminó produciéndose su deceso.

Pérez admitió que, por la alteración y el dolor del momento, llegó a decirle al doctor Maldonado: “Como te quiero encontrar para asfixiarte y hacerte sentir lo que se siente la falta de aire”.

El hijo de la ahora fallecida lamentó el trato y “ninguneo” del profesional de blanco -quien luego lo acusó de haberlo amenazado de muerte– y dijo que lo que más causó indignación es que haya dicho que tenía camas “para su paciente”, dando a entender que tenía una reserva para alguien más de su entorno.

Finalmente, dijo no arrepentirse de lo que dijo ya que “en ese momento es lo que sentía” y está preparado por si llegaran a presentar alguna acción judicial por sus expresiones.

La agente fiscal Mercedes Caniza, de la Unidad Zonal de Luque, solicitó nuevamente la búsqueda de los familiares de Nicasio Antonio Jara Ramos, con cédula de identidad n.⁰1.343.205.

El mismo falleció tras sufrir lesiones en un accidente de tránsito en la jurisdicción de la comisaría 18 Central, de la ciudad de Areguá. El cuerpo del mismo permanece en la Morgue Judicial.

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El pedido se hace considerando que la cámara frigorífica de la Morgue Judicial tiene una capacidad limitada para el resguardo de evidencias actualmente está colapsada.

En este caso ya transcurrieron los 10 días de depósito, con eventual riesgo para la salud de las personas que acuden a esta dependencia, por lo que se solicita nuevamente que familiares del hombre se acerquen para la entrega del cuerpo.

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Ante cualquier información, favor comunicarse al +595 981 507598 de la morgue.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) detectó los fusiles y las piezas durante un control en una de las terminales del Silvio Pettirossi.

Refieren que actualmente las mercaderías están lacradas y bajo vigilancia en el depósito de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

Son cargas que llegan desde Miami al aeropuerto Silvio Pettirossi y, según Juan Olmedo, gerente General de la Aduanas de la DNTI, el 16 de mayo ya fue incautado una primera parte.

En la misma terminal aérea, pero en otro operativo, volvieron a incautar más piezas para fusiles, entre ellas 10 tubos soportes para culatas, 6 receptores superiores, 22 agujas percutoras y un tubo cañón que se encontraban mimetizadas, en esta ocasión, dentro de un carrito para bebé.

“Hoy detectamos una segunda carga que ingresaron con piezas más pequeñas como en carritos de bebé”, expresó Olmedo a la radio 730 AM.

Los presuntos importadores de la carga fueron identificados y los datos ya fueron remitidos al Ministerio Público para su intervención correspondiente.

En uno de ellos, le señala al fugitivo oriental, que tenía “buenos contactos” en la Fiscalía y la Senad, que “le bocinaban” operativos que se preparaban o iban a aplicarse en su contra.

Esa declaración, interceptada por la pesquisa fiscal-policial, confirma lo que era vox populi: que es extendida la práctica de que, propinas mediante, funcionarios de diversos estamentos, colaboraban con las agrupaciones criminales.

En el lado de Marset, en tanto, las “bocinas” en altas esferas tampoco era cuestión oculta. El año pasado se reveló la conexión directa de tres policías de Interpol con el mismo, gracias a la cual se desactivó desde Paraguay la orden de captura internacional que pesaba sobre Marset, lo que permitió a este movilizarse a nivel internacional sin ser detenido.

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La fiscalía presentó en la víspera acusación formal en contra de Tío Rico, por asociación criminal, lavado de activos y tráfico de drogas.

El esquema criminal desmontado por el operativo A Ultranza Py, representó, inicialmente, el decomiso de bienes por alrededor de 250 millones de dólares de los marginales. Esto sin contar las perdidas de drogas.